Su queja es
que ésta contaba con la venia del municipio como obra menor
ornamental, pese a que se trataba de una antena celular, encubierta
como una torre, lo que vulnera nuestro legítimo derecho a
la vida, la salud y la integridad física y emocional de nuestros
hijos, ancianos, mujeres embarazadas y enfermos al corazón
que se agravan por las radiaciones electromagnéticas.
Tras la publicación de la foto, el alcalde
de Peñalolén nos respondió que él
no tiene atribuciones para autorizarlas, lo que le compete sólo
a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) del Ministerio
de Transportes. Al municipio sólo se le informa sobre su
emplazamiento para que fiscalice si las obras cumplen con las
normas legales que exige la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Asimismo informa que el 24 de diciembre de 2002 la Dirección
de Obras del municipio paralizó dichas faenas.
La propuesta de Renace
Reflexionar y propiciar que se determine un marco
legal adecuado para la operación y emplazamiento en forma
segura y responsable de estas antenas es una de las banderas de
lucha de la Red Nacional de Acción Ecológica (Renace).
Frente a problemas de este tipo, acogen los planteamientos de
diferentes agrupaciones que se acercan a ellos y, en conjunto,
generan grupos de acción.
Según explica su presidente, Álvaro
Gómez, diversos estudios de la Organización Mundial
de la Salud señalan que las personas que se exponen en
forma constante a la contaminación radioeléctrica
están más susceptibles a enfermarse de cáncer.
No hay uno en particular que diga que las antenas de celulares
en sí lo producen, pero sí está comprobado
que se originan campos radioeléctricos en un diámetro
de dos metros desde sus plataformas.
Por lo mismo, como no hay una investigación
específica que concluya que no son dañinas, Gómez
busca apelar a las autoridades para que se legisle sobre esta
materia, de modo que si en el futuro se descubre que son perjudiciales,
no sea demasiado tarde. Pensamos en el principio precautorio porque
ahora estamos en una tierra de nadie. Los municipios se quejan
de que las empresas llegan y se instalan, porque no hay una normativa
específica. Para eso se debe invertir en estudios técnicos
y fijar un marco legal.
Gómez admite que la irradiación
de las antenas está dentro de la norma, pero advierte que
las mediciones se hacen sólo en ciertos momentos, siendo
que éstas debieran registrarse las 24 horas, para poder
conocer y estudiar su real efecto.
Una propuesta de Renace es que dos o más
empresas de telefonía móvil se pongan de acuerdo
e instalen una antena común, lo que según Gómez,
es factible técnicamente. Además, plantean que éstas
deberían quedar alejadas como mínimo a 300 metros
de zonas urbanas, en especial si hay colegios o centros hospitalarios.
Sólo en Viña del Mar hay 54 torres de este tipo
en 10 cuadras a la redonda, resalta.
No decimos que se terminen, porque sabemos que
son necesarias. Pero no queremos que mañana, cuando aparezcan
adultos enfermos de cáncer, recién ahí comencemos
a normar sobre este tema, enfatiza Gómez.
Lo que dice Subtel
La instalación y operación de las
antenas para celulares requiere la autorización de la Subsecretaría
de Telecomunicaciones (Subtel). Cada empresa debe acreditar que
cumple con los requisitos de seguridad, esto es, ubicarlas de
modo que al medirse las ondas en los puntos a los cuales tengan
libre acceso las personas, su resultado sea inferior a 435 microvarios
por centímetro cúbico. Cada seis meses las concesionarias
deben actualizar sus mediciones, cuyo apego a las normas es comprobado
por la Subtel. Allí dicen que no existe ninguna evidencia
científica que acredite la existencia de alguna relación
entre las radiofrecuencias generadas por los sistemas de telefonía
móvil y efectos nocivos para la salud. Por ello, la generalidad
de las recomendaciones de organismos internacionales, y recogidas
por Chile, tienen carácter preventivo.
EN INTERNET
Para mayor información consulte:
www.subtel.cl
www.renace.cl
