Las cifras son preocupantes. Todos los días muere una persona ejerciendo tareas por un salario. No cuentan con un sistema de salud que las resguarde. Menos ayuda legal. Y no son pocas.

Ermy Araya

Casi dos millones y medio de trabajadores chilenos no cuentan con ningún tipo de protección legal en caso de sufrir algún accidente laboral.

Así de preocupante es la realidad que vive el 49% de la fuerza laboral del país, considerando tanto a los empleados formales como informales, según cifras entregadas ayer en el seminario “Salud Ocupacional en Chile” organizado por la Escuela de Salud Pública.

El problema no es menor si se considera que diariamente muere una persona mientras realiza una labor, de los cuales el 24% ocurre durante el trayecto.

Entre las actividades con mayor tasa de accidentes se encuentra la construcción con un 11,43%; el transporte con un 10,9% y la agricultura con un 10,6%.

A esto se suma que sólo en el sistema mutual se pierden más de tres millones de días al año debido a este tipo de siniestros.

Según explicó la abogada y asesora del Ministerio de Salud, Patricia Frenz, gran parte de los asalariados no tienen acceso a los beneficios que entrega la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

“El trabajo determina no sólo el nivel socio económico de una persona, sino que también las condiciones de vida. Y aquellas personas que son de menos recursos y trabajan más horas, tienen mayor probabilidad de tener estrés u otro tipo de enfermedades”, agregó Frenz.

La profesional resaltó el hecho de que no exista ni siquiera estadística sobre el tema ni información fidedigna sobre la cobertura y acceso a actividades preventivas de higiene y seguridad ni menos sobre atención de salud.

“No se tienen antecedentes sobre las condiciones de seguridad del 25% de los trabajadores. Esto tiene que ser mejorado con la ayuda de todos los organismos involucrados, ya que como país tenemos la obligación de mirar nuestro propio sistema de protección en salud ocupacional”, aseguró la especialista.

Similar fue la opinión del académico de la Escuela de Salud Pública, Óscar Arteaga, quien aseguró que a diferencia de los 2.800.000 trabajadores con contrato que están afiliados a las mutuales y que reciben atención gratuita en los hospitales públicos, existe otro millón de empleados que está en el Instituto de Normalización Previsional (INP) y que están desprotegidos.

“La mayoría de estos trabajadores tiene rentas bajas, bajo poder sindical y laboran en empresas con poca fiscalización de las condiciones de seguridad y nula prevención en el tema de accidentes”, advirtió el experto.

En este grupo se encuentran los microempresarios y la minería, cuyos empleados cotizan en Fonasa, pero son atendidos en los cada día más congestionados servicios de urgencia.

Peor aún es la situación de los dos millones de asalariados restantes que no tienen contrato y están fuera del sistema de salud ocupacional.

“Estas personas no tienen salud, ni previsión ni seguro de vida, por lo que la única solución para ellos es pasar de una vez por todas al trabajo formal. Ése debe ser el compromiso de todos como país”, agregó Arteaga.