El trabajo es una causa importante de muerte
entre la población joven. Cada año, los accidentes
laborales truncan la vida de unas 2 millones de personas en el
mundo.
PABLO OBREGÓN CASTRO
Este año morirán dos millones de trabajadores en
el mundo a causa de un accidente o enfermedad laboral. De esos,
367 serán chilenos y se concentrarán proporcionalmente
en las industrias de la construcción, el transporte y la
pesca.
Visto así, las estadísticas dejan helado. Pero
si se ven en perspectiva, ocurre que la accidentabilidad en el
trabajo hace treinta años se multiplicaba por cuatro en
el caso de Chile. ¿Qué ocurrió en este período?
Desde 1958 -año en que se establecen las mutualidades-
y sobre todo desde 1968, cuando el Gobierno de la época
promulga la ley que autoriza a estas entidades privadas a administrar
el Seguro Social de Accidentes del Trabajo, el peligro que encierra
salir de casa para ir a ganarse la vida cayó drásticamente:
la accidentabilidad pasó de un escalofriante 35,3% en 1969
a apenas 7,3% en 2003, cifras que están en línea
con los niveles que muestran hoy la Unión Europea y Estados
Unidos.
¿Dónde está la clave de tan notable avance?
Primero, en que las compañías afiliadas a las mutuales
hicieron de la prevención un negocio rentable y, segundo,
en que el sistema integró a los propios trabajadores como
agentes preventivos, a través de los denominados comités
paritarios. Hoy, los asalariados acceden a toda una red de hospitales
y consultas privadas especializadas en la atención y rehabilitación
de patologías y lesiones propias de la actividad.
Hasta aquí, todo bien. El problema, no obstante, es que
en estos últimos años el mercado se hizo más
complejo en materia de relaciones laborales y el sistema, tal
como opera, no se está haciendo cargo de una creciente
masa de trabajadores esporádicos, independientes y pequeños
emprendedores.
Se da la paradoja de que el dueño de un pequeño
taller mecánico donde trabajan tres operarios debe cubrir
el riesgo laboral de sus empleados. Pero él, que trabaja
a la par con su personal, no tiene ninguna posibilidad de acceder
al seguro.
De acuerdo con la ley, sólo los independientes autorizados
por el Estado pueden beneficiarse del sistema. Entre ellos, los
campesinos, suplementeros, conductores, pirquineros, comerciantes
y empleados hípicos. A todas luces, aquellas autorizaciones
son propias de un mercado en extinción.
Con uno que otro ajuste, no resultaría costoso extender
estas autorizaciones a oficios y profesiones más contemporáneos.
De hecho, el costo del seguro es de apenas el 0,95% de las rentas
y, en algunos casos, una cotización adicional, según
el riesgo de la actividad. Si se tratara de un independiente que
gana $400 mil mensuales, el costo de acceder al sistema alcanzaría
los $3.800 al mes.
Para el gerente general de la Mutual de la Asociación
Chilena de Seguridad, Eduardo Undurraga, hay que estudiar fórmulas
para sumar a ese porcentaje que está fuera del sistema,
pero sin perder de vista los riesgos de desfinanciamiento que
ello implica, pues "un independiente va a cotizar siempre
por el mínimo".
¿Solución? Las mutuales ofrecen un seguro complementario
por un monto fijo, pero que no se compara con los beneficios que
tienen los afiliados al sistema propiamente tal: atención
médica, dental y quirúrgica; hospitalización;
prótesis y aparatos ortopédicos; rehabilitación
física y reeducación profesional; subsidio de incapacidad
laboral; pensión de invalidez; pensión de sobrevivencia,
etc.
Una de las posibilidades que se barajó fue dotar al Instituto
de Normalización Previsional (INP) de todas las facultades
para transformarlo en una mutual pública propiamente tal.
En su momento, el propio director de la entidad, Ernesto Evans,
planteaba la necesidad de instalar, desde el propio Estado, "una
mirada preventiva renovada para abordar la prevención de
todos".
"El sector activo ya no es el de antes: aumentan los emprendedores
y los servicios de microempresas se diversifican (...) trabajadores
y empleadores requieren una gestión preventiva no excluyente",
decía.
El punto más negro
Independientemente de la espectacularidad de los accidentes que
enlutaron a los trabajadores de la construcción durante
las últimas jornadas -8 muertos en tres días consecutivos-,
ésta es la actividad económica más riesgosa
en Chile junto con la pesca. Según datos de la AChS, la
tasa de accidentabilidad del sector es de 13,3%, cifra que casi
dobla el 7,3% que promedia el sistema.
¿Dónde están las causas? Según Alejandro
Morales, jefe de Salud Ocupacional de la Mutual de la Cámara
Chilena de la Construcción, las cifras que se publican
profusamente luego de los accidentes más visibles dan cuenta
del riesgo asociado al rubro en todo el mundo, no sólo
en Chile. Y si bien existen mecanismos para atenuar ese riesgo
intrínseco, resulta complejo cambiar las características
propias de la actividad.
Primero, el contrato a plazo fijo dificulta la creación
de conciencia preventiva de largo plazo y, segundo, la escasa
escolaridad de la mano de obra del sector conspira contra la efectividad
de los programas de prevención.
"En todos lados se trabaja sobre faenas, por lo tanto, ése
es un dato de la causa. Lo mismo con la escolaridad. Eso obliga
a recurrir a estrategias distintas... quizás sería
efectivo que los programas sociales de empleo consideraran cierta
capacitación en estas materias", dice.
CIFRAS
EL COSTO del seguro es de apenas el 0,95% de las rentas declaradas.
