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En la actualidad la
mayoría de los juicios laborales son abandonadas por los
trabajadores debido a la lentitud de los procesos. Con el fin de
hacerlos más eficientes y expeditos, el Gobierno enviará
al Congreso antes del 30 de junio el proyecto de ley para modificar
la justicia laboral.
La iniciativa busca
la modernización de los procedimientos; la creación
de juzgados especiales para la cobranza provisional, y triplicar
del número de Juzgados del Trabajo que existen en el país.
Ello, porque los demandantes deben postergar sus expectativas de
solución jurisdiccional. También tiene dificultades
para ejercer patrimonialmente los derechos declarados en el juicio.
Los juicios laborales
en primera y segunda instancia, en promedio tienen una duración
de 507 días en Santiago y 230 en el resto del país.
Sólo en el período 1994-1998 ingresaron a los tribunales
148.992 causas por conflictos laborales. De ellas el 24% se solucionaron
a través de una sentencia y el 15% por avenimiento de las
partes. En tanto, el 0,8% fueron solucionadas porque el Juzgado
se declaró incompetente y el 60% permanece archivada.
Por ejemplo, en Santiago,
la resolución de un juicio por despido injustificado demora
como promedio dos años. La citación a la primera audiencia
en una contienda de este tipo puede tardar hasta seis meses, en
circunstancias que la ley establece un plazo de quince días.
Con la reforma los
casos deberían durar un par de meses, ya que la mayoría
de ellas se solucionarían en la primera instancia, que en
promedio demora en fallar más de 213 días a nivel
nacional y 356 días sólo en Santiago.
El tiempo de espera
entre la demanda y el comparendo es en promedio de 123 días
en el país y de 209 días sólo en Santiago.
Cuando una de las partes solicita una apelación, el tiempo
varía según la zona geográfica. En Santiago
demora 151 días; en Concepción 112; en Temuco 92 y
en las demás regiones menos de 40 días.
La reforma a la justicia
laboral triplicará los actuales tribunales, pasando de 20
a de 60 juzgados, al año 2005. El objetivo de los nuevos
tribunales es separar las causas laborales de las demandas previsionales,
que concentran el 80% de los ingresos en esos juzgados y que en
la práctica atochan el sistema.
El proyecto de ley
también contempla la instauración de los juicios orales
como mecanismo de agilización de las causas, sin intermediación
ni costo para los trabajadores. De esta forma, tanto empleadores
como trabajadores, se harán parte del proceso, entendiendo
de mejor forma la resolución de la justicia, ya que contarán
de manera oportuna con la debida información sobre el estado
de las causas.
Una de las medidas
complementarias del proyecto dice relación con el hecho de
favorecer el acceso en forma igualitaria de todas las personas a
la justicia laboral y de seguridad social. Otorgando gratuidad a
quienes carezcan de recursos para litigar. En este caso, los jueces
deberán velar para que las diligencias del proceso se realicen
en la oportunidad y conforme al principio de celeridad.
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