Marco Devoto
El límite entre lo privado y lo público,
cuando se está en el propio hogar, se encuentra bastante
definido y regulado por las ordenanzas municipales, pero se vuelve
muchas veces difuso cuando se trata del lugar de trabajo.
La ley laboral señala que el ejercicio
de las facultades que se le reconocen al empleador tiene como
límite el respeto a las garantías constitucionales
de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad,
la vida privada o la honra de éstos. A partir de ello,
la ley autoriza al empleador a establecer controles, sea sobre
los horarios de trabajo, la seguridad, los bienes de su propiedad
y una conducta adecuada entre sus empleados.
Cámaras y computadores
Las empresas pueden disponer de cámaras
de televisión en circuito cerrado e, incluso, registrar
casilleros, bolsos y carteras para evitar hurtos o robos. Esto
último es más cotidiano en aquellos lugares donde
se usan o elaboran insumos o productos altamente costosos o de
utilización restringida.
Hay quienes señalan que las cámaras
sólo están destinadas a velar por que se cumpla
el trabajo y los horarios convenidos, prevenir delitos, cuidar
los bienes de la empresa, vigilar que sólo personal autorizado
ingrese a ciertos recintos, entre otros aspectos. Esto significa
que no pueden ubicarse en vestidores o baños, por ejemplo.
Los computadores de la empresa también
pueden ser objeto de registro. Bajar de internet y grabar en el
disco duro imágenes de sexo explícito puede ser
causal de despido por mal uso de la herramienta de trabajo. Algunas
compañías también ponen restricciones al
uso del correo electrónico.
Las medidas señaladas pueden llevarse
a cabo sólo si se dan garantías de respeto a la
honra y la vida privada de los trabajadores, para lo cual es fundamental
que no haya discriminaciones entre ellos. En tanto, el registro
de bolsos y casilleros sólo puede hacerse cuando es a todo
un grupo, ya que no puede realizarse individualmente, aun si existieran
evidencias para inculpar a una sola persona.
En cuanto a exámenes médicos, el
empleador puede pedirlos para detectar el consumo de drogas o
alcohol. Si lo hace entre candidatos, debe contar con su consentimiento.
Exigir test de embarazo a una postulante está prohibido.
Los resultados deben mantenerse en la más
estricta confidencialidad y nunca usarse como factor de discriminación.
Estas medidas tampoco pueden tener un carácter represivo
y todas deben estar claramente en el reglamento interno con anterioridad
a su aplicación, lo que debe hacerse a todos por igual
o por sorteo entre las secciones de la empresa, señala
la Dirección del Trabajo. De este modo se limitan las facultades
del empleador para que no caiga en acciones que las leyes dejan
exclusivamente a las autoridades fiscalizadoras, servicios de
salud y policías.
Reglamento interno
Mediante el reglamento interno, obligatorio donde
trabajan 10 o más personas, el empleador regula las obligaciones
y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en relación
con sus labores, permanencia y vida en la empresa. Respecto a
su privacidad y honra, el texto sólo puede establecer como
sanciones amonestación verbal o escrita y multa de hasta
el 25% de la remuneración, la que va al fondo de bienestar
de los trabajadores o al Sence.
Toda medida de control tiene que efectuarse por
medios adecuados a la relación laboral y la información
y los datos privados del trabajador deben mantenerse en reserva.
Este reglamento complementa al de higiene y seguridad, aunque
a veces ambos constituyen un solo texto.
Su redacción es prerrogativa exclusiva
del empleador y su contenido queda determinado libremente.
Algunas situaciones
Un reglamento interno puede exigir conductas
económicas a determinados empleados, como no tener cheques
protestados u otro tipo de problemas en el mismo ámbito.
Un comportamiento impropio fuera del lugar y horarios de trabajo
también puede ser sancionado si involucra a la compañía.
La vestimenta, maquillaje, peinados y lenguaje
podrían estar acotados en el reglamento. No se conocen
casos de ejecutivos a los que se les exija determinadas marcas
y modelos de autos, como en otros países.
