A pesar de que la ley entró en vigencia hace un año y medio, muchos edificios no cumplen con la norma.

VICTORIA DANILLA E.

Según una encuesta del Fondo Nacional de Discapacidad (Fonadis), en Chile viven 2 millones 68 mil 72 personas con algún grado de invalidez. Esto significa que, estadísticamente, en uno de cada tres hogares hay una persona con alguna discapacidad.

El dato puede resultar discordante si se contrasta con el censo de 2002, donde figuran 334 mil 377 discapacitados, pero éste sólo consideró a personas con problemas graves.

Hace un año y medio venció el plazo que se había establecido para que, obligatoriamente, edificios públicos y privados -entre ellos, colegios, universidades, farmacias y restaurantes-, habilitaran accesos para discapacitados. La radiografía es la siguiente: casi un 70% de los edificios catastrados no tiene ingreso adaptado para ellos, según informes de la División de Desarrollo Urbano del Minvu.

Si se comparan con el año pasado, los porcentajes han disminuido en casi tres puntos. Andrea Zondeck, secretaria ejecutiva del Fonadis, explica que "hay un avance importante, y lo mejor de todo es que se ha logrado crear una mayor conciencia". Más aún cuando son los mismos usuarios quienes lo manifiestan. "Una madre que tiene dos hijos discapacitados me contó que ahora era un agrado transitar por algunas calles y edificios de Santiago", revela Zondeck.

Sin embargo, hay quienes pensaron que la tarea era tan fácil como hacer una simple rampa, sin ponerse en el lugar del discapacitado, y por eso construyeron accesos casi imposibles y hasta peligrosos. "Hay un largo camino que recorrer, añade, porque a pesar de que habilitan pasos para minusválidos, a veces son inútiles. Las rampas deben tener entre 8 y 12 grados de inclinación, pero en algunos casos llegan hasta los 45. Si la idea es que los lisiados sean autosuficientes, ¿de qué sirve esa modificación, si igual van a necesitar la ayuda de otra persona para entrar a un edificio?".

Basta con pasearse por algunas comunas para darse cuenta de que las rampas se convierten en verdaderas montañas rusas, que en las plazas no hay juegos especiales, y un simple columpio puede ser peligroso. Insólita es la respuesta que le dieron a una madre en una municipalidad frente a su petición de juegos para discapacitados: "Señora, en esta comuna no tenemos lisiados".

Muchas veces los dueños de edificios hacen rampas con inclinación adecuada, pero los minusválidos no pueden girar o chocan con paredes. "Si la normativa existe, es para cumplirla", afirma Zondeck.

Vivir inválido

Pero no todo es tan negro. Antonia (10 años) tiene una displejia espástica, por lo que usa una silla de ruedas para desplazarse. Ella está en 5º básico y su madre cuenta que la han tratado muy bien. "Los profesores tienen mucha paciencia y la integraron. La ubican en el primer piso, para evitar problemas con las escaleras, y cuando debe transportarse los auxiliares la acompañan". Fuera del colegio es distinto. Cuando van a malls o restaurantes, es toda una odisea. Si hay ascensores, son pequeños y generalmente están muy alejados. De los baños, mejor ni hablar, porque en algunos apenas cabe la silla y generalmente están al fondo de un pasillo. Muy pocas calzadas tienen desnivel y en casi ningún restaurante hay rampas.

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones estipula que en los cruces peatonales ubicados en las esquinas e intersecciones, el desnivel de las aceras con las calzadas debe tener rampas antideslizantes, las que no pueden exceder de 12 grados de pendiente. Las veredas deben tener espacios para el desplazamiento de personas en sillas de ruedas, con pavimento liso y sin baches.

Hace falta fiscalizar y no sólo en el sentido de que existan accesos, sino también de que los que están construidos sirvan de verdad a su propósito.

EN INTERNET

www.minvi.cl
www.fonadis.cl
www.ciudadaccesible.cl

Denuncias

Si alguna persona, sea discapacitada o no, encuentra algún edificio público que no tenga acceso para lisiados, puede hacer la denuncia en la Dirección de Obras de la municipalidad para exigir el cumplimiento de la normativa.