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El hostigamiento o
violencia moral en el trabajo, comportamiento conocido por el término
anglosajón mobbing, es un proceso de destrucción que
se compone de una serie de actuaciones hostiles, cuya repetición
constante deteriora la confianza de la victima en sí misma
y en sus capacidades profesionales, desencadenando un proceso de
desvaloración personal consistente en la destrucción
de su autoestima.
EL Secretario de Estado
explicó que este problema es distinto al acoso sexual, ya
que el hostigamiento hace que personas se sientan perseguidas en
relación a lo estrictamente laboral la no poder desempeñarse
de modo adecuado por tener un superior que trata de afectarlo o
perjudicarlo por distintas razones: de orden psicológico,
por envidia o por temor a que la persona inferior progrese y se
destaque.
“El acoso laboral
constituye un atentado a la integridad física y síquica
del trabajador. La existencia de este comportamiento implica un
incumplimiento del empleador a sus obligaciones de protección
de la salud y seguridad de los trabajadores y prevención
de riesgos laborales”, afirmó Solari,
Agregó que el
objetivo de poner el tema en discusión es que las organizaciones,
tanto las empresariales y el Estado, se preocupen y desarrollen
políticas más adecuadas y que se pueda contar con
indicadores para que las personas midan su desempeño laboral
sin discriminación y, por otro lado, si existen casos en
donde esto no es atendido, que los afectados tengan las herramientas
para denunciar los hechos a los tribunales:
La autoridad indicó
que para abordar con éxito el problema, se deben contemplar
tres ámbitos: Primero, crear conciencia sobre el tema, lo
que permite que las instituciones del Estado y de las empresas,
entre sus políticas laborales tengan en cuentan que los trabajadores
deben disponer de medios para denunciar una situación que
los afecte sin el riesgo del despido; que la situación pueda
resolverse dentro de la empresa.
En segundo lugar, se
deben entregar los medios para la atención psicosocial de
las personas afectadas, que tanto los planes de salud privado como
en la política de prevención de accidentes laborales,
esto se entienda también como un riesgo laboral y sea tratado
antes de que se produzca el daño.
Por último,
contar con normas legales para hacer denuncias, “sin que éstas
sean necesariamente causales de despido o que las personas se sientan
atemorizadas de ejercer su derecho de acudir a los tribunales”,
concluyó Solari.
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