Es importante presentar ante la compañía todos los documentos que demuestren gastos médicos.

MARCO DEVOTO

Que la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) haya aumentado algo el porcentaje de víctimas de tránsito que solicitan indemnizaciones está por verse, dado el cambio que comenzó a regir en marzo.

Quienes sufren lesiones, o los familiares de los fallecidos, deben tener claro que el proceso de cobro debe hacerse presentando todos los documentos requeridos por las aseguradoras, completos y sin errores ni datos que se presten para suspicacias.

"Al tener que pagar más, las compañías prefieren entregar los certificados, el papel que se debe llevar junto a los demás documentos del vehículo, a mediadores sobre los cuales tienen un mayor control, ya que puede haber más riesgo de fraudes", explica Fernando Pérez, director de la División de Atención y Educación al Asegurado de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Esto podría significar un proceso más engorroso, aunque la entidad no ha recibido hasta ahora más reclamos que antes. Hay que recordar que el proceso de cobro es como un juicio, pero gratuito, y sin necesidad de mediadores. Hay que demostrar ante la compañía, sobre todo con documentos, que el accidente ocurrió y que las lesiones o muerte fueron consecuencia del mismo y que los honorarios médicos son reales.

De ocurrir alguno de estos casos, los afectados deben dejar constancia en la unidad policial más cercana. Si están físicamente imposibilitados, el trámite puede hacerlo otra persona. Deben señalarse al menos las patentes de los vehículos e individualizar de la forma más completa posible a los lesionados y se pide a la comisaría un certificado con los mismos datos para la compañía.

En caso de muerte, la aseguradora pide el certificado de defunción y, en el mismo evento, libreta de familia, certificado de matrimonio, de nacimiento y otros documentos que acrediten la calidad de beneficiario.

Con lesiones

En caso de lesiones, se deben presentar todos los comprobantes originales, como boletas y facturas de los gastos de traslado, médicos y farmacéuticos, días-cama, prótesis, solicitudes de exámenes y recetas de medicamentos indicadas por el médico tratante, entre otros. En caso de incapacidad física permanente, certificado médico que acredite la naturaleza y grado de ella.

"Todos estos documentos deben estar con sus datos correctos y concordantes con los hechos", enfatiza Pérez, ya que muchos problemas de cobro surgen por errores o ausencia de datos. "Esto es importante porque las compañías también pueden discutir que las lesiones se deban al accidente mencionado. Que éste ocurrió en un recinto privado, que cierto arancel no corresponde al que dice la ley, y así otros detalles", agrega.

La ley otorga un año plazo para iniciar el cobro, el que se cuenta desde ocurrido el siniestro o desde el fallecimiento del accidentado. Para los casos de incapacidad permanente, el período de prescripción es desde la fecha de emisión del certificado que expida el médico.

Si uno fue el causante del accidente, igual puede cobrar la indemnización, pero no si fue por participar en una carrera u otra competencia de vehículos motorizados; accidentes fuera del territorio nacional; por guerra, sismos y otros casos fortuitos enteramente extraños, suicidio y lesiones autoinferidas.

Si un vehículo no tiene el seguro obligatorio, sus ocupantes, excepto su dueño, pueden beneficiarse del que tenga otro vehículo involucrado.

Este es el primer seguro al que hay que recurrir en caso de accidente vial, por sobre cualquier otro, como laborales, personales, escolares, sociales. Sólo cuando su cobertura no es suficiente para pagar los gastos, se recurre a estos últimos.

Para más información y dudas sobre el tema, recurrir a la Superintendencia de Valores y Seguros, División de Atención y Educación al Asegurado, en Alameda 1449, Piso 1°, Santiago, teléfono 4734000, casilla 2167, correo 21 o en el sitio www.svs.cl.

¿Y los ferrocarriles?

Hoy existe un vacío respecto a las víctimas de accidentes en que participan trenes. Esto se pretende corregir mediante un proyecto de ley que otorgará un seguro a sus ocupantes en caso de colisiones entre esos transportes, descarrilamiento y otros siniestros, aunque no a conductores y pasajeros de otros vehículos terrestres o peatones.